Exigimos que el Transporte Sanitario vasco sea de gestión pública; mientras tanto exigimos a Osakidetza que garantice los derechos laborales de las plantillas y la calidad del servicio.

Foto: Eldiario.es

«  No cumplen  la legislación laboral mínima ni los derechos más básicos de trabajadores y trabajadoras »

Transporte Sanitario Urgente

El pasado agosto del 2020 se ejecutaba el contrato del Transporte Sanitario Urgente para Euskadi con un presupuesto para 3 años (prorrogables dos más) de 207.384.262 euros. Este servicio se divide en 6 lotes (1 Álava, 3 Bizkaia, 2 Gipuzkoa).

Cada empresa que se presenta propone ciertas mejoras, por lo que el material sanitario con el que cuenta cada provincia puede ser distinto a la otra. ¿Cómo puede tener ciertas ventajas sanitarias la población de la margen izquierda respecto al margen derecho, dependiendo la empresa privada que gane el contrato público? Pues así es.

Este servicio mueve 80 ambulancias y una media de 1.500 trabajadores y trabajadoras.

Transporte Sanitario No Urgente

En abril del 2021 se ejecutaba el contrato de Transporte Sanitario No Urgente para Euskadi con un presupuesto de 178.903.476 euros.

Este servicio mueve 320 ambulancias y una media de 500 trabajadores/as.

En octubre del 2022, se incrementa en 603.028 euros el presupuesto del Transporte Sanitario No Urgente de Álava.

El transporte sanitario en Álava cuesta 180 millones de euros a las arcas públicas, dinero para empresas que como se puede ver en continuas sentencias y resoluciones de inspección denunciadas por, entre otros, ESK, no cumplen la legislación laboral mínima ni los derechos más básicos de trabajadores y trabajadoras poniendo en peligro la salud de la ciudadanía.

Intereses ocultos que mueven al Gobierno Vasco

¿Aun pensamos que una gestión pública del servicio no sería más económica y daría mejor servicio a la población? ¿Qué intereses ocultos mueven al Gobierno Vasco y al Departamento de Salud dirigido por Gotzone Sagardui para alimentar a estas empresas piratas?

Desde ESK exigimos que los servicios prestados por las diferentes Redes de Transporte Sanitario sean de gestión pública; así mismo, y mientras esto no se lleve a cabo ESK exige al Departamento de Salud y al Gobierno Vasco que lleve adelante las medidas de control y sanción en su caso para garantizar los derechos laborales de las plantillas, así como para mejorar la calidad del servicio que debemos prestar a la ciudadanía.